La hipocresía mediática vuelve a contaminar la discusión sobre la despenalización del aborto después de que Clarín titulara ‘Una agrupación K dio una charla sobre prácticas abortivas en el Pellegrini’.
La agrupación K es Nuevo Encuentro (espacio “hiperkirchnerista” para La Nación, “izquierda iluminada” para Clarín); el Pellegrini no es otro que la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (centro educativo dependiente de la UBA); y las “prácticas abortivas” refieren al uso de píldoras para interrumpir el embarazo (como el Misoprostol).
Militancia política, educación y aborto conforman tres ingredientes suficientes para disparar las asociaciones más aberrantes entre lectores y televidentes temerosos y desinformados. No es de sorprender entonces que un hecho con poco potencial para constituirse en noticia haya sido echado a rodar por el principal diario argentino.
Si bien el tratamiento mediático habilitó la reactualización de algunos debates necesarios y urgentes, un repaso por los efectos dejados tras el abordaje de este tema en distintos medios permite intuir un objetivo político que trasciende el escándalo y persigue la estigmatización y el disciplinamiento de diferentes actores al interior de la comunidad educativa.
Son varios los nudos de debate que generó esta noticia. No es fácil pretender desenmarañarlos a todos. En cualquier caso, nada impide hacer el intento.
Una debate sin antiabortistas
Lo primero que sorprende al repasar el despliegue dado a la noticia es que los principales medios evitaron hacer una condena directa del aborto, pasando a centrar su cuestionamiento sobre la confluencia entre aborto y militancia.
Quizás como señal de que la presión social en favor de la despenalización es cada día más fuerte, ningún medio abordó las charlas en el Pellegrini con argumentos abiertamente antiabortistas. La Nación se ocupó incluso de contextualizar socialmente la problemática, lamentando la falta de “legislación específica y desarrollada que aborde el tema”, y legitimando al pasar el reclamo por el aborto no punible.
Si bien fue La Nación el único periódico que se animó a dar espacio a los argumentos católicos contra la interrupción del embarazo, lo hizo apenas a través de un puñado de cartas de lectores. La marginalidad de este tratamiento contrasta con la mirada negativa que ha caracterizado a este periódico hasta no hace mucho tiempo, y que podría resumirse en el editorial del 2014, titulado ‘Impulsar el aborto es promover la muerte’. [1]
Hace tiempo que el feminismo y las organizaciones pro-despenalización han decidido evitar la pantanosa discusión por el comienzo de la vida, atravesada por incompatibles miradas filosóficas, jurídicas, científicas y religiosas, una discusión que en los EEUU fue zanjada por la Corte apelando al concepto de ‘viabilidad fetal’ (la posibilidad de supervivencia del feto fuera del útero de la madre).
El principal inconveniente de este debate, que no por ello deja de ser relevante, es que se propone alcanzar una definición moral en lugar de atender a las demandas concretas de una realidad social donde el aborto, y la muerte por aborto, existen y continuarán existiendo.
Esta es la realidad que moviliza la militancia de Emelina Alonso, la abogada a cargo de la charla en el Pellegrini, quien aseguró en Intratables que “elegimos militar el aborto porque entendemos que hay una urgencia”.
Aborto y desigualdad
La ‘Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles’, publicada por el Ministerio de Salud en 2010, estimaba 460 mil abortos inducidos por año, 60 mil hospitalizaciones a causa de abortos, y 80 muertes relacionadas al año. El aborto, desde hace décadas, es la principal causa de muerte materna en la Argentina. A esto se suma que el 40% de las mujeres hospitalizadas en 2010 fueron niñas y jóvenes de entre los 10 y 24 años.
No es difícil imaginar que estos números no se encuentran distribuidos de modo parejo en todos los sectores sociales. Aún cuando todos aborten, los riesgos y las muertes siempre recaen sobre los sectores más vulnerables.
Existen dos circuitos abortivos diferenciados, cuyo acceso se encuentra sujeto al poder adquisitivo de cada mujer. Un circuito privado, conformado por clínicas y centros de salud, que dispone de acompañamiento profesional y tecnología adecuada; y un circuito marginal que incluye consultorios, casas de familia y locales comerciales, donde ni los implementos de higiene ni la capacitación profesional es óptima. Es en este segundo circuito, utilizado por los sectores de menores ingresos, donde se multiplican los riesgos y las muertes.
Así lo denunciaba en 2011 Analía Aucía, de la organización por los derechos de la mujer CLADEM: “Hay abortos clandestinos de todos los precios y de todas las condiciones: abortos sépticos y abortos seguros; para pobres y para quienes pueden pagar condiciones de asepsia.”
Para Aucía, además, las mujeres de bajos recursos son las víctimas “de un sistema insuficiente y discriminador a nivel de políticas de salud, y de una sociedad hipócrita que negocia con el cuerpo y la salud de las mujeres.”
Pero entonces, si el aborto no es tan solo un problema de salud, sino también un problema de equidad, un problema económico, el aborto es y debe ser entendido como un problema político.
En el aborto, todo es política
Luego de que Emelina Alonso reafirmara su militancia en Intratables, y justificara su charla en el Pellegrini, la respuesta de los panelistas fue que “el aborto no se milita”. Santiago del Moro sintetizó las preocupaciones de sus colegas Viale y Sabsay, aclarando que “Acá, lo que está en discusión, es cuando se le pone ideología política al aborto.”
El panel de Intratables parece no creer conveniente mezclar aborto y política. De ser así, para ellos sería posible escindir una cosa de la otra. Lo cierto es que toda discusión que implique derechos, toda discusión atravesada por desigualdades económicas, y toda discusión que legisle sobre el cuerpo propio, es una discusión política. Y es política, porque se instala en medio de relaciones de poder establecidas que se pretenden reconfigurar.
Al mismo tiempo, cada vez que existen discusiones políticas, existen sujetos que las militan. El aborto, en tanto hecho político, puede y debe militarse. Y los partidos políticos como Nuevo Encuentro (históricamente interesado por las políticas de género) son uno de los muchos espacios a través de los cuales esta militancia puede hacerse efectiva.
Es probable que al panel de Intratables no le sorprenda que el proyecto de ley de ‘Interrupción Voluntaria del Embarazo’, presentado ante el Congreso en julio de este año, haya sido acompañado por la firma de 41 diputados, entre éstos representantes del Frente para la Victoria y de Cambiemos. El problema para ellos no parece ser que la política se institucionalice y encuentre canales de expresión formal. El problema parece ser la política de base, esa política ambigua y fluctuante, difícil de contener y delimitar, la política que se construye en las calles, en los barrios y en las escuelas, a partir de las demandas concretas de la sociedad.
Pero negar ‘esa’ política, equivale a negar la política en su conjunto. Porque es a partir de esta política militante, que incluye a partidos políticos tanto como a ONGs, que un proyecto de ley puede tomar forma y abrirse camino hasta el Congreso.
Fue a través de la militancia, a través de mesas, charlas y debates, que la despenalización del aborto fue instalándose como demanda social tras la vuelta de la democracia, y ganando el espacio en la consideración social que posee hoy.
El aborto en la escuela
Si la relación entre política y aborto desconcierta a avezados panelistas políticos, es de entender que el triángulo política, aborto y educación desconcierte más aún.
La escuela continúa siendo un espacio atravesado por tabúes. La política y la sexualidad son dos de ellos. Para muchas familias, aún hoy, imaginar a un adulto hablando de política o de sexo con sus hijos configura escenas atravesadas por miedos y fantasmas. Estos temores hacen carne en los propios docentes, la mayoría de los cuales no se sienten preparados para hablar de sexualidad, porque no han sido capacitados para ello.
A pesar de la ley de ‘Educación Sexual Integral’ (2006), que fundamenta el tratamiento del aborto en las escuelas, y de los ‘Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral’ (2009), que brinda un marco pedagógico para esos temas, las escuelas rara vez hablan de sexo (menos de aborto). Y cuando las pulsiones naturales de la adolescencia tornan estas discusiones inevitables, las escuelas deben recurrir muchas veces a agentes externos especializados, para que realicen charlas o talleres sobre temáticas sexuales.
Algunos de los medios que mostraron conocer la existencia de ley de Educación Sexual Integral, aseguraron sin embargo que “son los docentes, debidamente capacitados en la materia, quienes tienen que dictar los contenidos.”
Lo cierto es que aún cuando hubiera docentes capacitados, la ley no restringe la educación sexual a una tarea meramente de docentes. Los ‘Lineamientos Curriculares’ dejan entrever lo contrario cuando sugieren la realización de “talleres” y fomentan “la participación de toda la comunidad educativa.”
A esto apeló Leandro Rodríguez, rector del Pellegrini, cuando justificó la autorización de la actividad indicando que había sido “organizada por el centro de estudiantes,” y que “es usual que la escuela autorice actividades propuestas por estudiantes relacionadas con intereses de la adolescencia y la juventud.” Los docentes, es cierto, deben monitorear estas actividades, y esto fue lo que ocurrió según los dichos del rector.
Los mismos padres de los alumnos dieron a conocer una nota en la cual expresan su apoyo a este tipo de actividades y abogan por que se sostengan, aún contra las presiones mediáticas.
Si no hay discusión sobre el aborto que no sea política, si la legislación vigente avala este tipo de charlas, y si la comunidad del Pellegrini en su conjunto las apoya, es de suponer que estamos ante una 'no-noticia'. A menos que lo que se persiguiera por parte de los medios involucrados fueran objetivos políticos antes que informativos.
El aborto como excusa para la antipolítica
Mientras que algunos medios expandieron su tratamiento de la noticia inicial derivando en una discusión sobre políticas públicas, o incluso políticas educativas, Clarín concentró toda su atención sobre el riesgo que representaba la intrusión de la “militancia K” las escuelas.
Ricardo Roa lo editorializó de modo inconfundible bajo el título ‘Curso de desorientación sexual en el Pellegrini’. Allí se mostró preocupado por que los alumnos sean “adoctrinados por militantes”. Sin escrúpulo alguno, y faltando a la verdad, sugirió que la información compartida en la charla equivalía a decirle a chicos de 13 y 14 años: “hacé lo que quieras y después tomate una pastillita”.
Infobae también eligió el camino de la estigmatización y la descalificación, definiendo al abortivo Misoprostol como “la estrella del kirchnerismo”, y entendiendo que en la charla se enseñó a “abortar de forma artesanal con drogas que se consiguen ilegalmente”.
Aún cuando el rector explicara que “la charla fue sobre despenalización”, y que el tratamiento de los métodos abortivos respondió a “una pregunta de una alumna y un alumno”, el daño (intencional, por cierto) ya estaba hecho. La militancia ya había sido estigmatizada, la discusión política en las escuelas ya había sido condenada, y los directivos ya habían sido disciplinados.
Clarín y otros medios afines intervinieron como sujetos de presión política al interior de la comunidad educativa. Y su mensaje fue dirigido a todas las instituciones educativas por igual: “que no ingrese el kirchnerismo a sus establecimientos, o nos aseguraremos de que la pasen muy mal”.
Después de esto, Roa todavía se siente con la serenidad para asegurarnos, sin ironía, que el aborto “no puede ser abordado a la ligera y para la política”.
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[1] En su estudio ‘El aborto en la prensa gráfica argentina: monitoreo de 10 casos’ (2008), el equipo coordinado por Sandra Chaher había encontrado que, tras un seguimiento en diez diarios argentinos a lo largo de un mes, solo dos, La Nación y El Diario (de Entre Ríos) habían utilizado conceptos negativos para referirse al aborto.
La agrupación K es Nuevo Encuentro (espacio “hiperkirchnerista” para La Nación, “izquierda iluminada” para Clarín); el Pellegrini no es otro que la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini (centro educativo dependiente de la UBA); y las “prácticas abortivas” refieren al uso de píldoras para interrumpir el embarazo (como el Misoprostol).
Militancia política, educación y aborto conforman tres ingredientes suficientes para disparar las asociaciones más aberrantes entre lectores y televidentes temerosos y desinformados. No es de sorprender entonces que un hecho con poco potencial para constituirse en noticia haya sido echado a rodar por el principal diario argentino.
Si bien el tratamiento mediático habilitó la reactualización de algunos debates necesarios y urgentes, un repaso por los efectos dejados tras el abordaje de este tema en distintos medios permite intuir un objetivo político que trasciende el escándalo y persigue la estigmatización y el disciplinamiento de diferentes actores al interior de la comunidad educativa.
Son varios los nudos de debate que generó esta noticia. No es fácil pretender desenmarañarlos a todos. En cualquier caso, nada impide hacer el intento.
Una debate sin antiabortistas
Lo primero que sorprende al repasar el despliegue dado a la noticia es que los principales medios evitaron hacer una condena directa del aborto, pasando a centrar su cuestionamiento sobre la confluencia entre aborto y militancia.
Quizás como señal de que la presión social en favor de la despenalización es cada día más fuerte, ningún medio abordó las charlas en el Pellegrini con argumentos abiertamente antiabortistas. La Nación se ocupó incluso de contextualizar socialmente la problemática, lamentando la falta de “legislación específica y desarrollada que aborde el tema”, y legitimando al pasar el reclamo por el aborto no punible.
Si bien fue La Nación el único periódico que se animó a dar espacio a los argumentos católicos contra la interrupción del embarazo, lo hizo apenas a través de un puñado de cartas de lectores. La marginalidad de este tratamiento contrasta con la mirada negativa que ha caracterizado a este periódico hasta no hace mucho tiempo, y que podría resumirse en el editorial del 2014, titulado ‘Impulsar el aborto es promover la muerte’. [1]
Hace tiempo que el feminismo y las organizaciones pro-despenalización han decidido evitar la pantanosa discusión por el comienzo de la vida, atravesada por incompatibles miradas filosóficas, jurídicas, científicas y religiosas, una discusión que en los EEUU fue zanjada por la Corte apelando al concepto de ‘viabilidad fetal’ (la posibilidad de supervivencia del feto fuera del útero de la madre).
El principal inconveniente de este debate, que no por ello deja de ser relevante, es que se propone alcanzar una definición moral en lugar de atender a las demandas concretas de una realidad social donde el aborto, y la muerte por aborto, existen y continuarán existiendo.
Esta es la realidad que moviliza la militancia de Emelina Alonso, la abogada a cargo de la charla en el Pellegrini, quien aseguró en Intratables que “elegimos militar el aborto porque entendemos que hay una urgencia”.
Aborto y desigualdad
La ‘Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles’, publicada por el Ministerio de Salud en 2010, estimaba 460 mil abortos inducidos por año, 60 mil hospitalizaciones a causa de abortos, y 80 muertes relacionadas al año. El aborto, desde hace décadas, es la principal causa de muerte materna en la Argentina. A esto se suma que el 40% de las mujeres hospitalizadas en 2010 fueron niñas y jóvenes de entre los 10 y 24 años.
No es difícil imaginar que estos números no se encuentran distribuidos de modo parejo en todos los sectores sociales. Aún cuando todos aborten, los riesgos y las muertes siempre recaen sobre los sectores más vulnerables.
Existen dos circuitos abortivos diferenciados, cuyo acceso se encuentra sujeto al poder adquisitivo de cada mujer. Un circuito privado, conformado por clínicas y centros de salud, que dispone de acompañamiento profesional y tecnología adecuada; y un circuito marginal que incluye consultorios, casas de familia y locales comerciales, donde ni los implementos de higiene ni la capacitación profesional es óptima. Es en este segundo circuito, utilizado por los sectores de menores ingresos, donde se multiplican los riesgos y las muertes.
Así lo denunciaba en 2011 Analía Aucía, de la organización por los derechos de la mujer CLADEM: “Hay abortos clandestinos de todos los precios y de todas las condiciones: abortos sépticos y abortos seguros; para pobres y para quienes pueden pagar condiciones de asepsia.”
Para Aucía, además, las mujeres de bajos recursos son las víctimas “de un sistema insuficiente y discriminador a nivel de políticas de salud, y de una sociedad hipócrita que negocia con el cuerpo y la salud de las mujeres.”
Pero entonces, si el aborto no es tan solo un problema de salud, sino también un problema de equidad, un problema económico, el aborto es y debe ser entendido como un problema político.
En el aborto, todo es política
Luego de que Emelina Alonso reafirmara su militancia en Intratables, y justificara su charla en el Pellegrini, la respuesta de los panelistas fue que “el aborto no se milita”. Santiago del Moro sintetizó las preocupaciones de sus colegas Viale y Sabsay, aclarando que “Acá, lo que está en discusión, es cuando se le pone ideología política al aborto.”
El panel de Intratables parece no creer conveniente mezclar aborto y política. De ser así, para ellos sería posible escindir una cosa de la otra. Lo cierto es que toda discusión que implique derechos, toda discusión atravesada por desigualdades económicas, y toda discusión que legisle sobre el cuerpo propio, es una discusión política. Y es política, porque se instala en medio de relaciones de poder establecidas que se pretenden reconfigurar.
Al mismo tiempo, cada vez que existen discusiones políticas, existen sujetos que las militan. El aborto, en tanto hecho político, puede y debe militarse. Y los partidos políticos como Nuevo Encuentro (históricamente interesado por las políticas de género) son uno de los muchos espacios a través de los cuales esta militancia puede hacerse efectiva.
Es probable que al panel de Intratables no le sorprenda que el proyecto de ley de ‘Interrupción Voluntaria del Embarazo’, presentado ante el Congreso en julio de este año, haya sido acompañado por la firma de 41 diputados, entre éstos representantes del Frente para la Victoria y de Cambiemos. El problema para ellos no parece ser que la política se institucionalice y encuentre canales de expresión formal. El problema parece ser la política de base, esa política ambigua y fluctuante, difícil de contener y delimitar, la política que se construye en las calles, en los barrios y en las escuelas, a partir de las demandas concretas de la sociedad.
Pero negar ‘esa’ política, equivale a negar la política en su conjunto. Porque es a partir de esta política militante, que incluye a partidos políticos tanto como a ONGs, que un proyecto de ley puede tomar forma y abrirse camino hasta el Congreso.
Fue a través de la militancia, a través de mesas, charlas y debates, que la despenalización del aborto fue instalándose como demanda social tras la vuelta de la democracia, y ganando el espacio en la consideración social que posee hoy.
El aborto en la escuela
Si la relación entre política y aborto desconcierta a avezados panelistas políticos, es de entender que el triángulo política, aborto y educación desconcierte más aún.
La escuela continúa siendo un espacio atravesado por tabúes. La política y la sexualidad son dos de ellos. Para muchas familias, aún hoy, imaginar a un adulto hablando de política o de sexo con sus hijos configura escenas atravesadas por miedos y fantasmas. Estos temores hacen carne en los propios docentes, la mayoría de los cuales no se sienten preparados para hablar de sexualidad, porque no han sido capacitados para ello.
A pesar de la ley de ‘Educación Sexual Integral’ (2006), que fundamenta el tratamiento del aborto en las escuelas, y de los ‘Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integral’ (2009), que brinda un marco pedagógico para esos temas, las escuelas rara vez hablan de sexo (menos de aborto). Y cuando las pulsiones naturales de la adolescencia tornan estas discusiones inevitables, las escuelas deben recurrir muchas veces a agentes externos especializados, para que realicen charlas o talleres sobre temáticas sexuales.
Algunos de los medios que mostraron conocer la existencia de ley de Educación Sexual Integral, aseguraron sin embargo que “son los docentes, debidamente capacitados en la materia, quienes tienen que dictar los contenidos.”
Lo cierto es que aún cuando hubiera docentes capacitados, la ley no restringe la educación sexual a una tarea meramente de docentes. Los ‘Lineamientos Curriculares’ dejan entrever lo contrario cuando sugieren la realización de “talleres” y fomentan “la participación de toda la comunidad educativa.”
A esto apeló Leandro Rodríguez, rector del Pellegrini, cuando justificó la autorización de la actividad indicando que había sido “organizada por el centro de estudiantes,” y que “es usual que la escuela autorice actividades propuestas por estudiantes relacionadas con intereses de la adolescencia y la juventud.” Los docentes, es cierto, deben monitorear estas actividades, y esto fue lo que ocurrió según los dichos del rector.
Los mismos padres de los alumnos dieron a conocer una nota en la cual expresan su apoyo a este tipo de actividades y abogan por que se sostengan, aún contra las presiones mediáticas.
Si no hay discusión sobre el aborto que no sea política, si la legislación vigente avala este tipo de charlas, y si la comunidad del Pellegrini en su conjunto las apoya, es de suponer que estamos ante una 'no-noticia'. A menos que lo que se persiguiera por parte de los medios involucrados fueran objetivos políticos antes que informativos.
El aborto como excusa para la antipolítica
Mientras que algunos medios expandieron su tratamiento de la noticia inicial derivando en una discusión sobre políticas públicas, o incluso políticas educativas, Clarín concentró toda su atención sobre el riesgo que representaba la intrusión de la “militancia K” las escuelas.
Ricardo Roa lo editorializó de modo inconfundible bajo el título ‘Curso de desorientación sexual en el Pellegrini’. Allí se mostró preocupado por que los alumnos sean “adoctrinados por militantes”. Sin escrúpulo alguno, y faltando a la verdad, sugirió que la información compartida en la charla equivalía a decirle a chicos de 13 y 14 años: “hacé lo que quieras y después tomate una pastillita”.
Infobae también eligió el camino de la estigmatización y la descalificación, definiendo al abortivo Misoprostol como “la estrella del kirchnerismo”, y entendiendo que en la charla se enseñó a “abortar de forma artesanal con drogas que se consiguen ilegalmente”.
Aún cuando el rector explicara que “la charla fue sobre despenalización”, y que el tratamiento de los métodos abortivos respondió a “una pregunta de una alumna y un alumno”, el daño (intencional, por cierto) ya estaba hecho. La militancia ya había sido estigmatizada, la discusión política en las escuelas ya había sido condenada, y los directivos ya habían sido disciplinados.
Clarín y otros medios afines intervinieron como sujetos de presión política al interior de la comunidad educativa. Y su mensaje fue dirigido a todas las instituciones educativas por igual: “que no ingrese el kirchnerismo a sus establecimientos, o nos aseguraremos de que la pasen muy mal”.
Después de esto, Roa todavía se siente con la serenidad para asegurarnos, sin ironía, que el aborto “no puede ser abordado a la ligera y para la política”.
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[1] En su estudio ‘El aborto en la prensa gráfica argentina: monitoreo de 10 casos’ (2008), el equipo coordinado por Sandra Chaher había encontrado que, tras un seguimiento en diez diarios argentinos a lo largo de un mes, solo dos, La Nación y El Diario (de Entre Ríos) habían utilizado conceptos negativos para referirse al aborto.
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